Recursos públicos para el futbol fomentan la opacidad
El apoyo de gobiernos estatales, municipales, dependencias y universidades con recursos públicos a cualquiera de las cuatro divisiones profesionales del futbol mexicano ha crecido 52% en los últimos cuatro años.
El Economista ha documentado esta semana el destino de recursos y apoyos al balompié nacional que pasó de 31 equipos en el 2010, a 47 en el 2014. La escasa transparencia y opacidad, la nula justificación en resultados detallados de la inversión realizada y los vacíos en la ley, son los grandes males que los especialistas detallan en la relación gobiernos y futbol.
“El apoyo obedece más a intereses políticos que a intereses sociales... o peor todavía, a caprichos políticos”, reflexiona Miguel Ángel Lara, presidente del Instituto de Altos Estudios sobre Deporte, Cultura y Sociedad (Indecus).
Del censo de 47 clubes que reciben apoyo público en México, no hay ningún partido político importante que no figure al menos alguna vez en el listado.
“La transparencia corre en dos vías, la de pesos y centavos; y la otra es la transparencia en cuanto a las decisiones. A quién le preguntan o en qué política pública dice que se puede invertir en el futbol profesional”, se cuestiona el doctor Julio Juárez Gámiz, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM.
Al menos 14 gobiernos estatales —los que se conoce— están involucrados directamente con el futbol profesional y más de 27 municipios, eso sin contar con los recursos que se utilizan en algunas universidades públicas.
“Esto es un problema sistémico, que enfrenta un marco regulatorio bastante delimitado, discrecional, de intereses, pero sobre todo vulnera la transparencia”, dice Julio Juárez.
Este diario solicitó una entrevista al encargado de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Felipe Muñoz Kapamas, para conocer su opinión respecto al tema de dinero público en el futbol profesional, pero no hubo respuesta.
Las autoridades locales tienen como su principal argumento de defensa que invertir en un equipo de futbol tiene su ventaja en los “grandes beneficios sociales” como detalla Óskar Rosales, síndico de Cuautla, gobierno que opera 100% del club de Arroceros.
Pero para Miguel Ángel Lara, “un equipo de futbol en este país con dinero público no funciona por la opacidad”, mientras que Julio Juárez comenta, “lo único que estamos haciendo es crear un mercado artificial en el futbol”. Muchos de estos equipos trabajan con déficit. El caso de Cuautla es un ejemplo, pierde al año 2.1 millones de pesos.
Los investigadores reflexionan que no es un tema que sea exclusivo de los gobiernos estatales o municipales, ambos también hacen una crítica sobre los gastos de universidades públicas.
“El caso de Leones Negros (UdeG) puede sonar muy de cohesión, pero es una universidad que maneja fondos públicos y el objetivo de una universidad es crear conocimiento, generarlo y no tener un equipo”, dice el doctor en Comunicación Política de la Universidad de Sheffield, Julio Juárez.
Miguel Ángel Lara, presidente de Indecus, concluye que la inversión pública en el futbol da pie “a una mayor opacidad, corrupción e inclusive a un tema de lavado de dinero”.
En promedio, en México un municipio recibe 205.9 millones de pesos anuales de presupuesto; considerando lo que se ha destinado en los últimos tres años y medio en el futbol profesional en apoyos de gobiernos estatales y locales, instituciones educativas y dependencias públicas, significa que los 1,276 millones de pesos para el balompié son más de seis años de presupuesto de una localidad en nuestro país.
LA LEY NO REGULA APOYOS A EQUIPOS PROFESIONALES
La Ley General de Cultura Física y Deporte no contempla en ninguno de sus artículos la relación entre gobiernos locales o federales y los tipos de apoyo a equipos profesionales. Como lo publicó El Economista este lunes, al menos 47 instituciones del balompié profesional reciben algún tipo de ayuda económica o en especie.
El artículo 30 del documento especifica que una de las atribuciones de Conade, máxima autoridad deportiva federal, es “fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte”, pero jamás indica sobre el uso que se le pueda otorgar a particulares o destinarse a un evento que cobra y significa un acto económico.
“La ley no tiene idea en contemplarlo porque no hace investigación, es permisiva porque ni siquiera lo piensa”, declara Miguel Ángel Lara, director de INDECUS.
El tema de apoyo en infraestructura representa el mayor gasto para los gobiernos estatales o municipales para el futbol profesional.
Se construyen nuevos inmuebles o incluso se dan en comodatos por más de 10 años en algunos casos. Zacatepec, Reynosa, Morelia, León, Tamaulipas son algunas de las ciudades que han invertido en ello.
Además, la ley prevé estímulos fiscales a aquellos que promuevan la cultura física o el deporte... aunque nunca dice nada en referencia al deporte profesional.
El artículo 30 dice a la letra: “Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte”.
Hasta ahora en 21 estados (ya sea el gobierno estatal o algún municipio), el Distrito Federal, además de dos dependencias de gobierno, hay algún tipo de apoyo o inversión a equipos de las cuatro categorías profesionales del futbol mexicano.
Liga a documento original:
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